Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

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La iniciativa de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se presentó ante la Cámara de Diputados el 23 de enero del 2019, aprobándose el 11 de abril del 2019 por el Senado de la República y publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 01 de mayo del 2019.

Será un organismo público autónomo, que tendrá en su estructura la incorporación de perspectiva de género y un enfoque a los derechos humanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios. A través de este se arreglarán los conflictos laborales del fuero federal. Se eliminarán las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dando paso a los Tribunales Laborales, los cuales dependerán del poder judicial. Otro de sus objetivos será el cumplimiento de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

Contará con el apoyo de las siguientes instituciones:
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
  • Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
  • Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
  • Instituto Nacional Electoral (INE).

La resolución de conflictos laborales será de carácter obligatorio para trabajadores y patrones, estos conflictos tendrán un plazo de 45 días para ser resueltos, en caso de que el plazo sea cumplido sin una respuesta, se pasará a los tribunales para continuar con la resolución, buscando una conciliación antes de pasar a juicio.

Su ejecución se dividirá en tres etapas, que serán en iniciadas en octubre 2020, octubre 2021 y mayo 2022, las cuales se dividirán en los estados de la siguiente manera para iniciar sus operaciones:

Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa
Baja California Sur Aguascalientes Chihuahua
Chiapas Baja California Ciudad de México
Durango Campeche Coahuila
Estado de México Colima Jalisco
Guanajuato Guerrero Nayarit
Hidalgo Michoacán Nuevo León
San Luis Potosí Morelos Puebla
Tabasco Oaxaca Querétaro
Tlaxcala Quintana Roo Sonora

Se tiene contemplado que la primera etapa entre se comience a ejecutar para el último trimestre del 2020.

También se encargará de vigilar el cumplimiento de la democracia sindical, revisando los procesos de elección de las directivas, conforme a los requisitos legales que apliquen. Los contratos colectivos ya existentes se someterán a un proceso de validación mediante el voto de los involucrados, garantizando que sea personal, libre, directo y secreto.

Contará con la cooperación internacional de las siguientes instituciones:
  • Organización Internacional del Trabajo (OIT).
  • Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
  • Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
  • Ministerio de Trabajo y Empleo de Canadá.

En la primera etapa contara con un presupuesto de 197.2 millones de pesos, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre.

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Fuentes:
www.dof.gob.mx
www.senado.gob.mx
www.dineroenimagen.com
www.proceso.com.mx
www.msn.com/es-mx
www.eleconomista.com.mx/empresas